José Ignacio Palma
Ideas Republicanas
Ya van cinco años desde aquel convulsionado octubre, y aún quedan cuentas pendientes en materia de legitimación de la violencia. La mentira de las “violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, si bien reconocida como tal por la misma directora del INDH hace pocos meses –¡ya era hora!–, no deja de ser una herida sin cicatrizar en el corazón de Carabineros de Chile.
Y es que por más que el oficialismo hoy agache el moño y reniegue del rol que jugaron en horadar la legitimidad de las fuerzas policiales, sabemos que, presentado el escenario, volverían a instrumentalizar la causa de los DDHH.
En nuestro país, es bueno recordar, conviven distintas visiones sobre lo que estos derechos constituyen. Para algunos, se trata de meros contratos, siempre abstractos y absolutos, y por tanto invocables previo a cualquier consideración de las circunstancias concretas. Su contenido no se derivaría de la naturaleza humana, sino de un acuerdo contingente, susceptible de ser vaciado y acomodado a las reivindicaciones ideológicas o subjetivas del minuto. Hoy, luego de haber tirado la piedra, esconden la mano, pero no olvidamos que el oficialismo protegió –¡e indultó!– a los violentistas invocando esta perspectiva.
Afortunadamente, se sigue enseñando en universidades una visión mucho más anclada en la tradición clásica y cristiana. Aquí, los derechos no son armas para la arena política; el derecho equivale, más bien, a la determinación de lo justo natural, a lo que ha de ser hecho en el caso concreto con tal de dar a cada uno lo suyo. Siguiendo el ejemplo de Santo Tomás, sabemos que lo justo en la gran mayoría de las situaciones es devolver lo prestado, de lo cual deriva el derecho subjetivo que tiene el prestamista a reivindicar su propiedad sobre el objeto. Este derecho, sin embargo, no es absoluto: determinadas circunstancias (como que el dueño del arma prestada se haya vuelto un enemigo de la patria) pueden alterar la obligación, siempre en razón del bien común. Desde esta perspectiva, es claro que los DDHH no solo pueden ser violados por agentes del Estado. También es evidente, tal como mencionó la organización “Yo apoyo a Carabineros” en pleno octubre de 2019, que no todo herido en un enfrentamiento entre carabineros y violentistas constituye una víctima de violación de los DDHH. Ello dependerá, más bien, de una evaluación del caso concreto. Y salta a la luz, luego de más de 3.200 querellas presentadas por el INDH en los seis meses inmediatamente siguientes al estallido, y solo 52 condenados en cinco años, que la enorme mayoría de nuestros carabineros hizo un uso proporcionado de la fuerza para restablecer el orden y proteger el bien común de la patria. Y por ello, el oficialismo aún debe una disculpa.
