Sr director
El empleo público en Chile alcanzó 869.271 cargos en 2023, según cifras de la Dipres (que podría llegar a 1,2 millones según el INE), pero sin que este crecimiento haya mejorado la calidad de los servicios ni la gestión pública. Cada gobierno aumenta contrataciones, perpetuando ineficiencias y altos costos. La reciente aprobación en la Comisión de Trabajo de la Cámara del proyecto que busca reconocer el principio de “confianza legítima”, sólo profundiza el problema. Este concepto, creado por la Contraloría, ha generado controversias significativas, al rigidizar un sistema ya desgastado y sobrecargado, donde lo que se requiere es mayor flexibilidad. Es urgente reformar el empleo público: profesionalizarlo generando requisitos más estrictos de ingreso, creando perfiles de cargo y promoviendo la formación continua; vincular las remuneraciones y beneficios a metas claras y medibles, en lugar de perpetuar incentivos sin relación con los resultados, y adoptar tecnologías que optimicen la gestión. El verdadero problema radica en que el estatuto administrativo está completamente superado y no responde a las necesidades actuales de un Estado moderno. Es momento de priorizar la calidad sobre la cantidad, resolviendo los problemas de fondo, para construir un Estado que realmente sirva a las personas y promueva el bien común.
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