Al menos, la molestia que nos causan los incendios forestales en las magnitudes que vivimos este año debe hacernos reflexionar sobre la repetición anual de estos sucesos. No solo afectan a quienes pierden directamente a sus seres queridos, animales y campos, sino que también generan miedo en la población colindante a estos siniestros y ponen en riesgo la seguridad agroalimentaria de toda la nación. El temor, el miedo y la angustia afectan a muchos que sienten de cerca el fuego, pero todavía más a los niños, adultos mayores o enfermos. Los proyectos de vida, familiares y laborales son los que se destruyen. La afectación va mucho más allá de lo meramente material. Los discursos de las autoridades públicas sobre la seguridad de nuestros poblados, campos, flora y fauna no tienen sentido si no se previenen los incendios de manera efectiva y se persigue y sanciona a quienes cometen este tipo de delitos. Solo recordemos que, ante la gravedad de los hechos que vivimos, los funcionarios de la CONAF se plegaron en noviembre del año pasado a la movilización de los Guardaparques por problemas laborales y de seguridad, reclamando legítimas mejoras que no tuvieron una refrendación adecuada en la ley de presupuesto de 2023, por quienes hoy son autoridades de Gobierno. Quienes cometen estos delitos generan un daño material e inmaterial, ponen en riesgo la seguridad agroalimentaria y generan miedo en la población general. Es por eso que vale la pena preguntarse hasta cuándo las autoridades del Gobierno Central serán permisivas y actuarán con la fuerza que se requiere en la persecución de este tipo de delitos durante todo el año y condenarán siempre la intencionalidad en este tipo de hechos. Jaime González Kazazian, Abogado Ideas Republicanas