Señor director,
Se ha empezado a reforzar en la opinión pública la necesidad de crear una agencia o servicio independiente encargado de administrar una política nacional de permisología.
Sin embargo, antes del diseño institucional, es necesario hacer una evaluación precisa del estado del arte en la materia y la forma de resolver los problemas sectoriales.
Así, al momento de presentar el proyecto de ley, y ni aun hoy, tenemos un catastro del número de permisos que entrega cada organismo público ni la pertinencia o necesidad de cada uno de ellos. Esto es clave para el diseño posterior: de nada sirve una nueva institucionalidad, si no sabemos dónde están las trabas actuales. Menos aún, crear una institucionalidad para que descubra esas trabas.
Gran parte de los problemas están en los funcionarios que se encargan de gestionar y otorgar los permisos, ya que no existe incentivo para cumplir con los plazos ni desincentivo para dejar pasar el tiempo. Nada de esto lo contempla el proyecto.
Cierto es que se quiere imitar exitosas instituciones como las de Canadá o Inglaterra, pero sin considerar la gran diferencia cultural que tenemos con ellos.
No se trata, como se ha dicho, de oponerse a cualquier nuevo organismo. Se trata de identificar los problemas, resolver los nudos y hacer más eficiente el sistema público, considerando la enorme cantidad de recursos que implica la administración del Estado y las innumerables necesidades que tienen los chilenos.
Andrea Barros, Subdirectora Ideas Republicanas
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