Centro de Estudios: Ideas Republicanas
Síguenos en nuestras Redes

ColumnasJorge Guzmán: Soberanía austral y “las dos almas” de la política exterior chilena

Julio 6, 20200

A pesar de ciertos “gestos de buena crianza“, la despreocupación efectiva a la que nuestra política exterior sigue sometiendo a la Macro Región Austral (Antártica Chilena y Mar Austral Circumpolar incluidos) no debe ser entendida sólo como “un descuido”, sino que también como parte de una agenda de ciertos sectores “progresistas”, que a lo largo de las dos últimas décadas han ganado importancia al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para nosotros en Magallanes, resulta remota e incidental la discusión sobre el cierre/apertura de embajadas en Europa. Más preocupante y gravitante nos parece la cuestión no resuelta de nuestra plataforma continental en el Mar Austral y la Antártica Chilena.

Como es de conocimiento general, este territorio está claramente definido en el Decreto Antártico de 1940, firmado por el Presidente Aguirre Cerda, y hasta hace algunas décadas, implementado sin matices por gobiernos y cancilleres del calibre de don Gabriel Valdés, don Clodomiro Almeyda y don Hernán Cubillos.

En la coyuntura, diversos analistas y editores han llamado la atención acerca de la pasividad de la diplomacia chilena en el señalado y complejo asunto de la soberanía nacional sobre enormes espacios de territorio submarino al sur del Cabo de Hornos. En nuestra opinión, esa pasividad devela el abandono al que la política exterior más reciente ha sometido a la Macro Región Austral. Desde un punto de vista más amplio incluso, esta “manera de hacer” (o de no hacer) ilustra también la incapacidad de las élites políticas del centro del país para comprender a cabalidad lo que la Región de Magallanes (desde el Polo Sur hasta la frontera con Aysén) aporta -y continuará aportando- a Chile.

En ese mismo ámbito, y quizás asociado a las diferencias territoriales con Argentina, desde hace décadas la política exterior entiende las cuestiones australes bajo un prisma esencialmente racionalista, enfatizando cuestiones administrativas de fronteras, un campo muy diverso en el que existe una pesada carga de mutua desconfianza (aduanas, control de personas, problemas territoriales no resueltos).

Paralelamente, desde hace algunos años distintos gobiernos han intentado rentabilizar el alto perfil ambiental de nuestra Región, utilizando este argumento a nivel internacional para fortalecer el “perfil verde” de Chile. De esa forma, Magallanes ha pasado a convertirse en una suerte de “souvenir de la política exterior” (la “portada” son las Torres del Paine).

En ese mismo contexto, la política exterior para la Zona Austral parece haber olvidado, consciente o inconscientemente, que sin ejercicio del dominio, no hay soberanía. Desde esa óptica da lo mismo que el Campo de Hielo Sur o la Antártica Chilena se encuentren entre los activos más ambientales más importantes del planeta.

Para el conjunto del país es conocida también la preponderancia otorgada al argumento racionalista jurídico en nuestra disputa marítima con Perú y, también, en otras jurisprudencias internacionales. Ante ello -nuevamente-, lo único que podemos decir es que, sin ejercicio efectivo de la posesión, no hay soberanía sobre el territorio. El concepto territorial es precisamente el núcleo duro geo-legal, geopolítico y geoestratégico implementado por la diplomacia argentina, que desde hace años sustenta una política de Estado para “la cuestión austral” en la “Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur” (rango de Subsecretaría). Los espacios terrestres, marítimos y polares que Argentina pretende se agrupan y gestionan bajo un mismo mando político y un solo concepto geoestratégico. Aquí la insistencia en la expresión “geo” tiene que ver, etimológica y epistemológicamente, con el concepto de “tierra” y “territorio”.

A diferencia del caso argentino, para nuestra política exterior las cuestiones que atañen a la Macro Región Austral están repartidas entre distintas direcciones de la Cancillería, todas de menor rango y de escaso personal.

A pesar de ciertos “gestos de buena crianza“, la despreocupación efectiva a la que nuestra política exterior sigue sometiendo a la Macro Región Austral (Antártica Chilena y Mar Austral Circumpolar incluidos) no debe ser entendida sólo como “un descuido”, sino que también como parte de una agenda de ciertos sectores “progresistas”, que a lo largo de las dos últimas décadas han ganado importancia al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta “nueva savia” ha resultado ser muy afecta al protocolo (que en principio desprecia) y a las “cumbres internacionales”, en las que todo es bueno o malo “según el color con que se mire” (uno de sus representantes incluso se refirió a sí mismo como “Presidente del mundo”).

Estos “nuevos diplomáticos” son responsables principales de la focalización de nuestra política exterior en “cuestiones de forma”, de interés para los medios y las redes sociales, en desmedro de la defensa de los intereses soberanos de -en sentido etimológico- la República. Al respecto solo baste recordar la reciente “sorpresa” por el estado ruinoso de muchas de nuestras bases antárticas, o el abandono empírico de la isla Tierra del Fuego y la conectividad terrestre hacia el Canal Beagle, realidades que contrastan con los millones de dólares invertidos por Chile para mejorar la navegación del Estrecho de Magallanes y pavimentar el camino usado casi en exclusividad por el transporte argentino, para conectar en horas a Ushuaia con Rio Gallegos. Esta “generosidad chilena” explica en grado no menor la supremacía en materia de turismo antártico alcanzada por Ushuaia en desmedro de Punta Arenas. Increíble.

En el mismo tema de fondo -la soberanía nacional amenazada por la pretensión argentina sobre miles de kilómetros de territorios submarinos-, nuestra política exterior ha sido en exceso simplista, teórica y legalista, desdeñando la preocupación que por años desde Magallanes hemos manifestado ante la consolidación de un escenario legal y geopolítico planteado por Argentina. Ni siquiera con la existencia de dos dependencias de Cancillería en Punta Arenas, una científica (INACH) y otra representativa, la política exterior chilena ha logrado articular un diseño que pudiese entender la dimensión geopolítica vital de nuestra Región de Magallanes para los intereses del conjunto del país. Ni la “activa participación” en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico, ni una paleta comparativamente modesta de proyectos científicos (focalizados en las ciencias básicas) puede cambiar esta realidad, porque para el orden internacional la Antártica y sus espacios adyacentes desde hace años constituyen, ante todo, un escenario geopolítico, y no una simple cuestión legal o de cooperación, o un apartado ambiental o científico. 

Todo esto parece ser “un síntoma” de una crisis estructural de identidad de nuestra política internacional, resultante de la lucha no siempre silenciosa que al interior de la Cancillería libran una corriente “progresista-universalista” y una línea de pensamiento diplomático tradicional (“territorialista”) que, por formación, está consciente de la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el campo de la defensa de los intereses territoriales del país. La Región de Magallanes es parte de esta disputa ideológica: en el caso de nuestra plataforma continental plus ultra el Cabo de Hornos y Diego Ramírez, los resultados (o la falta de los mismos) están a la vista.

El impasse político y geoestratégico que, a propósito de la citada pretensión argentina sobre espacios submarinos en el sector histórica y empíricamente chileno del Mar Austral Circumpolar, con toda nitidez ilustra esta lucha en la forma de extemporaneidad en la reacción frente al citado reclamo territorial. Esta dura realidad solo agrava nuestro diagnóstico.

En los hechos el “progresismo-universalista” ha sido exitoso en postergar acciones efectivas en la defensa de nuestra soberanía sobre eso territorios submarinos, y sus recursos naturales vivos y no vivos. En este campo el brazo técnico de Cancillería (DIFROL) ha logrado también “con éxito” mantener silenciada a la opinión pública chilena, alegando tecnicismos, excepciones reglamentarias y de procedimiento. En definitiva una pasividad de lesa patria practicada por más de 11 años, que interpela a la Región de Magallanes y que, por cansancio e insistencia, con cierto dramatismo ha terminado por poner sobre la mesa la necesidad de compartir con el Gobierno central potestades públicas en el diseño y la ejecución de la política exterior en aspectos que atañen al ethos y a la identidad territorial de nuestra Región. Esto no es –entiéndase bien– ni oportunismo político, ni capricho regional

Para nosotros la tesis “progresista-universalista” está encapsulada en la ya famosa frase de la “implicancia ninguna”, utilizada por un ex canciller para justificar la pasividad de su gobierno ante el hecho consumado del reclamo territorial argentino conocido desde 2009, y desde entonces descuidadamente gestionado por la Cancillería y nuestra Misión ante la ONU, y que tiene su sello final en la creación del Parque Marino Islas Diego Ramírez (febrero 2018). En efecto, como evidencia baste señalar que, antes que asumiera el actual gobierno y después de la validación de la pretensión territorial argentina (2016), se creó por Decreto el Parque Marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake, con el cual el gobierno de la época parece quiso renunciar a la plataforma continental a la que natural y legalmente Chile tiene derecho. ¿Un nuevo descuido u otro paso en falso del “progresismo-universalista”?

Tenemos la impresión de que, bajo la actual gestión, la línea “territorialista” de nuestra diplomacia tradicional parece haber ganado mayor control de la agenda vecinal. En ese marco debería inscribirse la gestión diplomática urgente dispuesta en mayo último por la Cancillería ante la inminencia de un proyecto de ley argentino sobre plataforma continental más allá de las 200 millas. Esto debe entenderse como un intento de enmendar las omisiones y graves errores políticos y jurídicos del pasado.

Bajo dicho proyecto de ley, Argentina parece intentar consolidar su pretensión sobre espacios de territorio chileno que el gobierno de Alberto Fernández sabe tienen fundamental importancia para la continuidad geográfica de Chile hacia la costa antártica y el Polo Sur. Así de trascendente es el problema. Así de importante es lo que Cancillería haga de ahora en más.

La solución de esta compleja situación exige (y seguirá exigiendo) voluntad política. Esta solo puede provenir del propio Presidente de la República para, ojalá sin mayor dilación, se resuelva con claridad el entramado de fondo de la disputa ideológica que afecta a nuestra política exterior (y perjudica al bien superior de Chile).

Vía: https://ellibero.cl/opinion/jorge-guzman-soberania-austral-y-las-dos-almas-de-la-politica-exterior-chilena/ 

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Required fields are marked *