El sueño del último Chile Day

Por Mario Farren y Rojo Edwards. Equipo Republicano de Hacienda. 

La última Conferencia Chile Day fue el año pasado, en Londres, y el objetivo fue impulsar la idea de convertir a Chile en un centro financiero regional. Aún cuando este sueño resultaba un poco pretencioso en una región que de tiempo en tiempo debe recurrir a instituciones multilaterales para financiar sus déficits, había buenas razones para estar optimistas respecto de la posibilidad de exportar servicios financieros a la región y al mundo.

     Entre otras, un sólido sistema financiero; un sistema de pensiones basado en el ahorro individual, administrado por entidades independientes; y una institucionalidad estable, con protección a la propiedad privada y trato igualitario frente a la ley.

     Se han erosionado algunos de estos pilares y, por lo tanto, tendremos que olvidarnos del Chile Day y el soñado centro financiero regional, por un tiempo al menos. Los últimos diez años hemos visto un persistente aumento del endeudamiento, por sobre países de desarrollo comparables, y una evidente incapacidad de los gobiernos de estabilizar el gasto y conseguir una consolidación fiscal.

     Tampoco ayudan las voces que piden la expropiación del ahorro previsional, el impuesto al patrimonio y la forma en que se aprobó la reforma para retirar el 10% de las pensiones.

     Hasta hace unas semanas, los gastos eran iniciativa del Ejecutivo, y no del Legislativo. Solo dos meses antes los actores políticos habían logrado un acuerdo para limitar el gasto fiscal dedicado a aliviar los efectos de la pandemia. Vale la pena preguntarse a quién importa esto, o como dirían nuestros anfitriones del Chile Day, who cares?. Y la respuesta es que debiera importar a todos los que trabajan, a los que invierten, a los que ahorran. 

Debemos seguir soñando con que, aún cuando nos tome otro cuarto de siglo, seremos capaces de exportar servicios financieros de clase mundial.

     En Chile Day es entonces el reflejo de nuestra mejor marca en la combinación de atributos para alcanzar el desarrollo y que con orgullo salíamos a pregonar. Todos entienden que hay valor en dar señales al mundo sobre el respeto a las reglas de libre mercado, que aun cuando ha tenido problemas de oligopolios y corrupción en algunos casos, en lo fundamental ha funcionado.

     Mirado con base en la evidencia, nuestro sistema ha sido una herramienta extraordinariamente efectiva para generar oportunidades y disminuir la pobreza de manera espectacular. Ciertamente debemos hacer un esfuerzo para conquistar los corazones y las mentes de quienes sin fundamento declaran que ha sido una herramienta usada por algunos a expensas del resto.

     Por eso es que debemos seguir soñando con el próximo Chile Day. Con que, aún cuando nos tome otro cuarto de siglo conseguirlo, seremos capaces de exportar servicios financieros de clase mundial, con toda la prosperidad que ello acarrea para los países que son capases de entrar en esa liga. 

Columna de opinión publicada el 9 de septiembre de 2020 por La Segunda. 

Vamos a implementar entre 2020 y 2021 el mayor paquete de gasto fiscal de nuestra historia, con el objetivo muy necesario de atenuar la situación sanitaria y social más compleja del último medio siglo. Somos el único país de la región que puede financiar una política de esta magnitud, debido a que tuvimos un largo período de buenos resultados fiscales, que cambiaron en forma radical la situación de finanzas públicas que tuvimos durante gran parte del siglo pasado.

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Sin embargo, ¿es cierto que somos tan responsables en materia de gasto público? ¿Ha sido la regla fiscal la que nos ha permitido enfrentar esta crisis con espaldas más sólidas que nuestros vecinos? Creo que es una verdad a medias, y es menos cierto aun lo que señalaba hace unos días el senador Carlos Montes: “La responsabilidad fiscal tuvo su origen en los gobiernos de centroizquierda”.

Si revisamos nuestra historia económica, podemos constatar que la responsabilidad fiscal fue una prioridad en los objetivos macroeconómicos del gobierno militar. Luego de que entre 1950 y 1973 el déficit del gobierno central fuera cercano a 3% del PIB en promedio, entre 1974 y 1989 se registró un superávit fiscal promedio de 0,3% del PIB. Es efectivo que los primeros gobiernos de la Concertación mantuvieron la responsabilidad fiscal como un eje importante, lo que culmina en 2001 con la creación de la regla fiscal.

Por supuesto, la regla fue un aporte importante en términos de política fiscal, sin embargo, no debemos olvidar que su implementación permitió tener un mayor nivel de gasto en esos años, basado en que el precio efectivo del cobre resultaba inferior a lo que se estimaba era su precio de largo plazo. La regla inicialmente permitió un mayor déficit fiscal, enmarcado en un criterio compartido y razonable, pero no fue pensada en sus inicios como un mecanismo para gastar menos, sino más.

Lo que ocurrió después —con un precio del cobre que se multiplicó por más de cuatro veces, generando por ende un aumento significativo de ahorro fiscal— no fue producto de la austeridad fiscal del mundo político, sino un enorme regalo que nos hicieron los chinos. Fue muy fácil en el período 2004–2013 ser fiscalmente responsables, ya que la regla (y sus modificaciones para hacerla más expansiva) permitieron un aumento del gasto de 7,3% real anual promedio, mientras el PIB creció a un ritmo de 4,8% en ese lapso. A pesar de los crecientes espacios de gasto, fue usual que en las discusiones presupuestarias los parlamentarios de centroizquierda siempre presionaran por mayor expansividad todavía. Todo parecía mezquino.

Lo que vino luego, cuando se revirtió parcialmente el espectacular aumento del precio del cobre, puso a prueba la mantención de la regla, y lo cierto es que la prueba no se pasó. A pesar de varias modificaciones de metodología y de metas, nunca se pudo recuperar el equilibrio fiscal, con un déficit estructural entre 2013 y 2019 que promedió un 1% del PIB, y un déficit efectivo de 2% del PIB, por supuesto acompañado de un aumento importante del endeudamiento.

¿Por qué es relevante tener claro lo anterior? Porque entre 2020 y 2021 tendremos un deterioro fiscal muy significativo, y en pro de recuperar el crecimiento y resolver los problemas sociales que nos heredará el coronavirus, recuperar la sostenibilidad fiscal será una condición absolutamente necesaria. Es de esperar que el mundo político esta vez sí priorice la responsabilidad en el gasto, porque hasta ahora no lo ha hecho. Debemos partir por reconocer las serias debilidades que hemos tenido en este campo.

Vía: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/cecilia-cifuentes/somos-un-pais-fiscalmente-responsable/2020-06-15/183919.html

A pesar de ciertos “gestos de buena crianza“, la despreocupación efectiva a la que nuestra política exterior sigue sometiendo a la Macro Región Austral (Antártica Chilena y Mar Austral Circumpolar incluidos) no debe ser entendida sólo como “un descuido”, sino que también como parte de una agenda de ciertos sectores “progresistas”, que a lo largo de las dos últimas décadas han ganado importancia al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para nosotros en Magallanes, resulta remota e incidental la discusión sobre el cierre/apertura de embajadas en Europa. Más preocupante y gravitante nos parece la cuestión no resuelta de nuestra plataforma continental en el Mar Austral y la Antártica Chilena.

Como es de conocimiento general, este territorio está claramente definido en el Decreto Antártico de 1940, firmado por el Presidente Aguirre Cerda, y hasta hace algunas décadas, implementado sin matices por gobiernos y cancilleres del calibre de don Gabriel Valdés, don Clodomiro Almeyda y don Hernán Cubillos.

En la coyuntura, diversos analistas y editores han llamado la atención acerca de la pasividad de la diplomacia chilena en el señalado y complejo asunto de la soberanía nacional sobre enormes espacios de territorio submarino al sur del Cabo de Hornos. En nuestra opinión, esa pasividad devela el abandono al que la política exterior más reciente ha sometido a la Macro Región Austral. Desde un punto de vista más amplio incluso, esta “manera de hacer” (o de no hacer) ilustra también la incapacidad de las élites políticas del centro del país para comprender a cabalidad lo que la Región de Magallanes (desde el Polo Sur hasta la frontera con Aysén) aporta -y continuará aportando- a Chile.

En ese mismo ámbito, y quizás asociado a las diferencias territoriales con Argentina, desde hace décadas la política exterior entiende las cuestiones australes bajo un prisma esencialmente racionalista, enfatizando cuestiones administrativas de fronteras, un campo muy diverso en el que existe una pesada carga de mutua desconfianza (aduanas, control de personas, problemas territoriales no resueltos).

Paralelamente, desde hace algunos años distintos gobiernos han intentado rentabilizar el alto perfil ambiental de nuestra Región, utilizando este argumento a nivel internacional para fortalecer el “perfil verde” de Chile. De esa forma, Magallanes ha pasado a convertirse en una suerte de “souvenir de la política exterior” (la “portada” son las Torres del Paine).

En ese mismo contexto, la política exterior para la Zona Austral parece haber olvidado, consciente o inconscientemente, que sin ejercicio del dominio, no hay soberanía. Desde esa óptica da lo mismo que el Campo de Hielo Sur o la Antártica Chilena se encuentren entre los activos más ambientales más importantes del planeta.

Para el conjunto del país es conocida también la preponderancia otorgada al argumento racionalista jurídico en nuestra disputa marítima con Perú y, también, en otras jurisprudencias internacionales. Ante ello -nuevamente-, lo único que podemos decir es que, sin ejercicio efectivo de la posesión, no hay soberanía sobre el territorio. El concepto territorial es precisamente el núcleo duro geo-legal, geopolítico y geoestratégico implementado por la diplomacia argentina, que desde hace años sustenta una política de Estado para “la cuestión austral” en la “Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur” (rango de Subsecretaría). Los espacios terrestres, marítimos y polares que Argentina pretende se agrupan y gestionan bajo un mismo mando político y un solo concepto geoestratégico. Aquí la insistencia en la expresión “geo” tiene que ver, etimológica y epistemológicamente, con el concepto de “tierra” y “territorio”.

A diferencia del caso argentino, para nuestra política exterior las cuestiones que atañen a la Macro Región Austral están repartidas entre distintas direcciones de la Cancillería, todas de menor rango y de escaso personal.

A pesar de ciertos “gestos de buena crianza“, la despreocupación efectiva a la que nuestra política exterior sigue sometiendo a la Macro Región Austral (Antártica Chilena y Mar Austral Circumpolar incluidos) no debe ser entendida sólo como “un descuido”, sino que también como parte de una agenda de ciertos sectores “progresistas”, que a lo largo de las dos últimas décadas han ganado importancia al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta “nueva savia” ha resultado ser muy afecta al protocolo (que en principio desprecia) y a las “cumbres internacionales”, en las que todo es bueno o malo “según el color con que se mire” (uno de sus representantes incluso se refirió a sí mismo como “Presidente del mundo”).

Estos “nuevos diplomáticos” son responsables principales de la focalización de nuestra política exterior en “cuestiones de forma”, de interés para los medios y las redes sociales, en desmedro de la defensa de los intereses soberanos de -en sentido etimológico- la República. Al respecto solo baste recordar la reciente “sorpresa” por el estado ruinoso de muchas de nuestras bases antárticas, o el abandono empírico de la isla Tierra del Fuego y la conectividad terrestre hacia el Canal Beagle, realidades que contrastan con los millones de dólares invertidos por Chile para mejorar la navegación del Estrecho de Magallanes y pavimentar el camino usado casi en exclusividad por el transporte argentino, para conectar en horas a Ushuaia con Rio Gallegos. Esta “generosidad chilena” explica en grado no menor la supremacía en materia de turismo antártico alcanzada por Ushuaia en desmedro de Punta Arenas. Increíble.

En el mismo tema de fondo -la soberanía nacional amenazada por la pretensión argentina sobre miles de kilómetros de territorios submarinos-, nuestra política exterior ha sido en exceso simplista, teórica y legalista, desdeñando la preocupación que por años desde Magallanes hemos manifestado ante la consolidación de un escenario legal y geopolítico planteado por Argentina. Ni siquiera con la existencia de dos dependencias de Cancillería en Punta Arenas, una científica (INACH) y otra representativa, la política exterior chilena ha logrado articular un diseño que pudiese entender la dimensión geopolítica vital de nuestra Región de Magallanes para los intereses del conjunto del país. Ni la “activa participación” en las reuniones del Sistema del Tratado Antártico, ni una paleta comparativamente modesta de proyectos científicos (focalizados en las ciencias básicas) puede cambiar esta realidad, porque para el orden internacional la Antártica y sus espacios adyacentes desde hace años constituyen, ante todo, un escenario geopolítico, y no una simple cuestión legal o de cooperación, o un apartado ambiental o científico. 

Todo esto parece ser “un síntoma” de una crisis estructural de identidad de nuestra política internacional, resultante de la lucha no siempre silenciosa que al interior de la Cancillería libran una corriente “progresista-universalista” y una línea de pensamiento diplomático tradicional (“territorialista”) que, por formación, está consciente de la responsabilidad que le cabe al Ministerio de Relaciones Exteriores en el campo de la defensa de los intereses territoriales del país. La Región de Magallanes es parte de esta disputa ideológica: en el caso de nuestra plataforma continental plus ultra el Cabo de Hornos y Diego Ramírez, los resultados (o la falta de los mismos) están a la vista.

El impasse político y geoestratégico que, a propósito de la citada pretensión argentina sobre espacios submarinos en el sector histórica y empíricamente chileno del Mar Austral Circumpolar, con toda nitidez ilustra esta lucha en la forma de extemporaneidad en la reacción frente al citado reclamo territorial. Esta dura realidad solo agrava nuestro diagnóstico.

En los hechos el “progresismo-universalista” ha sido exitoso en postergar acciones efectivas en la defensa de nuestra soberanía sobre eso territorios submarinos, y sus recursos naturales vivos y no vivos. En este campo el brazo técnico de Cancillería (DIFROL) ha logrado también “con éxito” mantener silenciada a la opinión pública chilena, alegando tecnicismos, excepciones reglamentarias y de procedimiento. En definitiva una pasividad de lesa patria practicada por más de 11 años, que interpela a la Región de Magallanes y que, por cansancio e insistencia, con cierto dramatismo ha terminado por poner sobre la mesa la necesidad de compartir con el Gobierno central potestades públicas en el diseño y la ejecución de la política exterior en aspectos que atañen al ethos y a la identidad territorial de nuestra Región. Esto no es –entiéndase bien– ni oportunismo político, ni capricho regional

Para nosotros la tesis “progresista-universalista” está encapsulada en la ya famosa frase de la “implicancia ninguna”, utilizada por un ex canciller para justificar la pasividad de su gobierno ante el hecho consumado del reclamo territorial argentino conocido desde 2009, y desde entonces descuidadamente gestionado por la Cancillería y nuestra Misión ante la ONU, y que tiene su sello final en la creación del Parque Marino Islas Diego Ramírez (febrero 2018). En efecto, como evidencia baste señalar que, antes que asumiera el actual gobierno y después de la validación de la pretensión territorial argentina (2016), se creó por Decreto el Parque Marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake, con el cual el gobierno de la época parece quiso renunciar a la plataforma continental a la que natural y legalmente Chile tiene derecho. ¿Un nuevo descuido u otro paso en falso del “progresismo-universalista”?

Tenemos la impresión de que, bajo la actual gestión, la línea “territorialista” de nuestra diplomacia tradicional parece haber ganado mayor control de la agenda vecinal. En ese marco debería inscribirse la gestión diplomática urgente dispuesta en mayo último por la Cancillería ante la inminencia de un proyecto de ley argentino sobre plataforma continental más allá de las 200 millas. Esto debe entenderse como un intento de enmendar las omisiones y graves errores políticos y jurídicos del pasado.

Bajo dicho proyecto de ley, Argentina parece intentar consolidar su pretensión sobre espacios de territorio chileno que el gobierno de Alberto Fernández sabe tienen fundamental importancia para la continuidad geográfica de Chile hacia la costa antártica y el Polo Sur. Así de trascendente es el problema. Así de importante es lo que Cancillería haga de ahora en más.

La solución de esta compleja situación exige (y seguirá exigiendo) voluntad política. Esta solo puede provenir del propio Presidente de la República para, ojalá sin mayor dilación, se resuelva con claridad el entramado de fondo de la disputa ideológica que afecta a nuestra política exterior (y perjudica al bien superior de Chile).

Vía: https://ellibero.cl/opinion/jorge-guzman-soberania-austral-y-las-dos-almas-de-la-politica-exterior-chilena/ 

Diario Financiero 30 de junio, 2020

Señora Directora:

Las iniciativas de la mesa de los 16 economistas, en el plano de las ideas, parecen muy buenas. Sin embargo, analizando cada una individualmente, la verdad es que son bastante cosméticas y poco relevantes para su público objetivo.

La rebaja a 12.5% al impuesto de primera categoría a las PYME no es relevante. Hoy tenemos la transparencia, que es 0%. La devolución del IVA crédito fiscal: si las empresas no tienen compras desde enero a mayo, no pueden pedir devolución. Con la crisis es difícil que hayan comprado.

La depreciación instantánea: para poder invertir se requiere financiamiento primero, bastante escaso para nuestras PYME. La amortización de intangibles: la PYME en general no invierte en intangibles, no es verdaderamente un incentivo. La contribución regional: es un beneficio para grandes proyectos y compañías, un incentivo de largo plazo. El efecto de 12.000 millones de dólares parece sobredimensionado.

Echo de menos incentivos a la contratación de personal. Ampliar el Sence en cantidad de posibilidades y en utilización. Creación de mecanismos directos de financiamiento a través de B Estado a la micropyme. Incluso pueden abrir una línea de factoring instantáneo de deudores tipo AA. O que BancoEstado otorgue líneas de crédito exclusivas para pago de remuneraciones. Ampliar aportes no reembolsables a las PYME de buen comportamiento.

Falta más sentido de urgencia, y entender a las PYME y microempresas .

Tal vez sería oportuno crear una mesa de trabajo con PYME activas, contadores, asesores y otros que tengan el día a día en el cuerpo, y así proponer medidas que definitivamente representen un aporte real en su rescate.

Magdalena Brzovic

Abogada

https://www.df.cl/noticias/opinion/cartas/propuestas-pro-pyme-falta-calle/2020-06-30/185139.html?fbclid=IwAR2Dk6wuANimfRJLGDwC5nBdqYy3MJ6P76JXgks83ieqppvhQVcWDT9SzYA 

Hace falta un sueño para el Chile del futuro, esto es, un proyecto ampliamente consensuado para un desarrollo integral del país que mire 20 o 30 años hacia adelante. Un objetivo común de esta naturaleza, junto con generar unidad social, daría sentido a la discusión sobre políticas públicas y permitiría evaluar qué propuestas político-económicas calzan mejor con el avance hacia el conjunto de metas que lo configuran. De esta manera se podría trazar un plan grueso que sirviese de guía para la andadura hacia la consecución del destino deseado. El camino que ha seguido la nación durante los últimos quince años evidencia claramente la necesidad de articular la idea que se aquí expone. La sociedad chilena ya conoce el enorme daño y retroceso que significa ir a los tumbos, girando cada pocos años radicalmente su rumbo, más todavía cuando se la ha tratado de conducir hacia la concreción de utopías ideológicas o se la ha impulsado a derroteros revolucionarios.

Los años recientes de la vida patria han visto resurgir concepciones y prácticas que en el pasado han probado ser nefastas en estas tierras, así como en foráneas. Si se mira con detenimiento, el conjunto de síntomas que muestra el país resulta altamente preocupante. Pérdida generalizada del respeto a la autoridad, degradación del trato y el nivel de debate público, escasa discusión de ideas, utilización habitual de la violencia -física, moral o psicológica- como arma de prevalencia política, aumento los actos terroristas y narco-delincuenciales, desconexión de la élite política respecto a los requerimientos de la ciudadanía, fragmentación partidista, práctica de la política como espectáculo, abundante corrupción en diversos ambientes, tanto públicos como privados y en la interrelación entre ambos y, visto en su totalidad, un peligroso etcétera. Todo ello, en el contexto de un amplio deterioro de la vida familiar, una economía que ha perdido su ímpetu, dejando de crecer al ritmo exigido para sacar a Chile del subdesarrollo, problemas perennes en el sistema de salud, pensiones insuficientes, bolsones de pobreza y hacinamiento, cientos de miles de inmigrantes existiendo en condiciones de precariedad y más. Y un problema de marca mayor que permea y sirve de caldo de cultivo para casi todo lo demás: un mal sistema educativo escolar que no ayuda a formar a las personas ni tampoco a preparar para la práctica laboral.

Es hora de que, desde los diversos sectores de la sociedad, emerjan liderazgos sensatos y con vocación patriótica que estén dispuestos a sentarse juntos a pensar y empujar los cambios que, en lo inmediato, eviten que Chile prosiga la ruta al descalabro y, en lo mediato, colaboren a orientarlo por la senda de un futuro mejor de la mano de un sueño promisorio. Esta es una tarea tan urgente como pendiente.

Vía: https://www.latercera.com/opinion/noticia/un-sueno-para-chile/Y2B75TXOBBA5JAMAZ5NYV2AY7E/

La empresa enfrenta en la actualidad el duro impacto negativo que el Covid-19 está significando para el normal desenvolvimiento de su actividad. Se trata de una grave amenaza que puede llegar a costar la continuidad a muchas organizaciones de negocios. Ante este escenario, es imprescindible que éstas desplieguen enormes esfuerzos y se concentren en asegurar su pervivencia. Sin desmedro alguno de lo señalado, al mismo tiempo las compañías han de hacerse cargo con especial atención de la dimensión ética que posee el reto que hoy encaran. En efecto, el coronavirus afecta muy directamente a las personas, sus familias y a la sociedad en su conjunto, realidad que la empresa no puede -ni debe- desatender, tenida en consideración su calidad de cuerpo social intermedio plenamente inserto en la comunidad. El desafío que este contexto plantea a los directivos es enorme, pero paralelamente les abre una valiosa oportunidad para liderar una andadura hacia el desarrollo humano, corporativo y reputacional.

Concretamente, ¿qué puede hacer el alto directivo de empresa en el presente? De acuerdo con la literatura académica reciente -y el sentido común- todo parece indicar que, junto con perseguir la permanencia de la organización con energía y creatividad, ha de actuar impulsado por una profunda impronta moral. Esta última implica necesariamente poner a las personas y a la sociedad como fin último de todo su quehacer.

La ética empresarial en estos tiempos obliga a intentar mantener el máximo posible de los empleos, esto es, proteger la fuente laboral de los colaboradores, teniendo el eventual despido en el último lugar de las medidas a seguir para superar la crisis. Incluye cuidar la salud de los miembros de la institución, no exponiéndolos irracionalmente al contagio de la enfermedad. Significa apoyar a las familias de sus trabajadores facilitando, primeramente, los medios para un teletrabajo eficaz y amigable. Requiere aportar a iniciativas de bien común que puedan exceder al ámbito del rubro económico propio de la compañía. Invita a fomentar la comunicación con todos los miembros de la organización y con los grupos de interés, individuos y comunidades con que ésta se relaciona, entendiendo que comunicar significa hacer “común-unidad”, que no es lo mismo que informar, ni tampoco equivale simplemente a estar conectados. La contingencia urge a fortalecer lazos humanos profundos, afianzar lealtades y generar confianza. La acción comunicativa ocupa un lugar privilegiado en esta tarea, aunque no baste por sí misma, aisladamente considerada.

En fin, la ética empresarial sugiere el ejercicio de un liderazgo servidor hacia el interior y el exterior de la corporación. Tipo de conducción que busca, al mismo tiempo, hacer crecer a las personas que se guían y, con el concurso de aquellas, originar un trabajo bien hecho, de excelencia, destinado a satisfacer del mejor modo las necesidades de quienes son destinatarios últimos de los afanes de la organización.

Siguiendo el camino enunciado, la empresa puede no sólo sortear con éxito las profundas dificultades socioeconómicas que está produciendo la pandemia, sino que aprovechar una ocasión particularmente propicia para salir fortalecida internamente y mejor apreciada desde su exterior. En síntesis, persona y sociedad o ética y solidaridad parecen ser consignas necesarias e ineludibles para el buen presente y futuro de la dirección empresarial.

Vía: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/df-mirada-ese-business-school-el-directivo-empresarial-ante-la-pandemia/2020-05-08/165415.html