Al menos, la molestia que nos causan los incendios forestales en las magnitudes que
vivimos este año debe hacernos reflexionar sobre la repetición anual de estos sucesos. No
solo afectan a quienes pierden directamente a sus seres queridos, animales y campos, sino que
también generan miedo en la población colindante a estos siniestros y ponen en riesgo la
seguridad agroalimentaria de toda la nación. El temor, el miedo y la angustia afectan a
muchos que sienten de cerca el fuego, pero todavía más a los niños, adultos mayores o
enfermos. Los proyectos de vida, familiares y laborales son los que se destruyen. La
afectación va mucho más allá de lo meramente material. Los discursos de las autoridades
públicas sobre la seguridad de nuestros poblados, campos, flora y fauna no tienen sentido si
no se previenen los incendios de manera efectiva y se persigue y sanciona a quienes cometen
este tipo de delitos. Solo recordemos que, ante la gravedad de los hechos que vivimos, los
funcionarios de la CONAF se plegaron en noviembre del año pasado a la movilización de los
Guardaparques por problemas laborales y de seguridad, reclamando legítimas mejoras que no
tuvieron una refrendación adecuada en la ley de presupuesto de 2023, por quienes hoy son
autoridades de Gobierno. Quienes cometen estos delitos generan un daño material e
inmaterial, ponen en riesgo la seguridad agroalimentaria y generan miedo en la población
general. Es por eso que vale la pena preguntarse hasta cuándo las autoridades del Gobierno
Central serán permisivas y actuarán con la fuerza que se requiere en la persecución de este
tipo de delitos durante todo el año y condenarán siempre la intencionalidad en este tipo de
hechos.

Jaime González Kazazian, Abogado

Ideas Republicanas